¿Qué pasó con el contrato de cámaras de seguridad?

En el día de ayer, día de Comisiones Informativas en el Ayuntamiento de Las Rozas, UPYD dejó claro que no le había satisfecho la respuesta, que el equipo de Gobierno había dado a la pregunta que plantearon en el pleno ordinario de Las Rozas, sobre el uso del dinero público empleado en el contrato de “Suministros e Instalación de Cámaras de Videovigilancia y control de Tráfico”.

El pasado mes de enero el Ayuntamiento inicia un expediente de resolución del contrato que se había firmado tres años antes, el 23 de febrero de 2015. ¿Qué ha sucedido en todo este tiempo? se pregunta el grupo municipal de UPYD a través de su portavoz adjunto, Tomás Aparicio. ¿Qué pasó para que el plazo de entrega del suministro e instalación, que era de cinco meses, haya vencido con creces sin que se iniciara la resolución del contrato? ¿Por qué se pagaron 104.034,71 euros en noviembre del mismo año, obviamente también fuera del plazo de entrega, sin que nada de lo contratado estuviera operativo?

En febrero, UPYD solicitó el expediente en la Comisión de Vigilancia de la Contratación y la comparecencia de empleados públicos que habían tenido algo, o mucho, que ver. Al Grupo Municipal de UPYD les llama la atención, y les preocupa enormemente, que no conste en el expediente ni acta de recepción de los trabajos ni acta de suspensión de los mismos, ni otro documento que justifique el retraso en la ejecución del contrato.

Tras aquella Comisión, otra conclusión que el portavoz adjunto de UPYD manifiesta, y que motiva que UPYD quiera llegar hasta el final en la Comisión Extraordinaria de Vigilancia de la Contratación, que se llevará a cabo por la insistencia de este Grupo Municipal, es que “al parecer ese pago de más de 100.000 euros, absolutamente irregular y fuera de plazo, se acordó en una reunión, de la que no existe ningún acta ni documento y, además de lo acordado en esa reunión hay tres versiones:

  • Que los 104.034,71 € se dieron “como anticipo para desbloquear la situación”, procedimiento administrativo cuanto menos “pintoresco”.
  • Que se habló de hacer un “modificado” para ampliar el contrato existente con Telefónica, puesto que en el pliego de condiciones de las cámaras no se había incluido, intencionadamente, y a nuestro entender, de manera surrealista, la conexión y transmisión de datos.
  • La versión de la empresa contratada para el suministro y la instalación, que dice que se acordó la suspensión del contrato por impedimentos imputables al Ayuntamiento.”

Para Tomás Aparicio, “la realidad es que tres años después, y tras haber pagado 64.500 euros en junio y 104.034,71 euros en noviembre de 2015, por las calles de Las Rozas disponemos de un conjunto  de cámaras sin conexión para la transmisión de datos y sin ni siquiera alimentación eléctrica…y esto el Gobierno del PP tiene que aclararlo”.

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